YO VIVO, YO DECIDO, por Juan Miguel Mena

Yo vivo, yo decido. Afortunadamente han quedado atrás periodos de la historia en que el derecho al voto estaba sesgado por razones de sexo o de renta. Sólo cabe mirar unos años atrás, muy pocos, para darnos cuenta de que las mujeres o los hombres con poca renta estaban privados de un derecho que hoy nos parece fundamental. Una vez más, hablar de ampliar derechos fundamentales de las personas provoca las reticencias de la derecha más reaccionaria; ya ha ocurrido con otras ampliaciones de derechos como los matrimonios homosexuales.

Recientemente, la proposición de IU-ICV y PSOE de extender el voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes ha provocado reacciones airadas. No hay que engañarse. No es más que la puesta en evidencia del temor que para algunos representa la inmigración. No podemos tolerar democráticamente que haya quien se erija en juez regulador de derechos fundamentales. El derecho universal de voto no es un elemento susceptible de ser “regalado”, es simplemente un derecho que, en esencia, debe tener cualquier ciudadano que cumpla con sus compromisos sociales y colectivos allá donde haya decidido vivir. Es difícil justificar que un ciudadano que cumple con estas obligaciones (pague impuestos, por ejemplo) no pueda decidir sobre quién va a influir en su vida, en su trabajo, en su educación, etc.

Parece una contradicción que ralla en lo preocupante el hecho de que socialmente hayamos aceptado la necesidad que tiene el estado Español de recibir inmigración, en cambio todavía hay quien duda de que esa inmigración pueda tener los mismos derechos que tenemos todos. Otro tema muy distinto es cómo encauzar de una forma adecuada la recepción de toda esa inmigración. Debemos asumir que la única alternativa para alcanzar una sociedad más justa, más humana y más solidaria es conseguir la supresión de cualquier discriminación. Si realizamos el sano ejercicio de repasar los programas, la identidad o los valores de la mayoría de partidos políticos presentes en el estado Español, casi todos abogan, de una u otra manera, por la integración de los inmigrantes. Es decir, la base mayoritaria de izquierdas o derechas en cuanto a política de inmigración, es luchar por la no discriminación de las personas. Incluso el PP en su declaración en el día internacional de la eliminación de la discriminación racial afirma que “considera que la mejor manera de luchar contra el racismo y la xenofobia es garantizar la libertad individual, la igualdad de oportunidades, la justicia y la no discriminación...”. Todo esto no dejan de ser músicas celestiales. La mejor manera de conseguir la integración social y de evitar cualquier tipo de comportamiento xenófobo o racista es eliminar la división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hoy, lamentablemente, el derecho a voto es la vara de medir que determina qué tipo de ciudadano eres. Mantener realidades de exclusión social y legal cuestiona la convivencia y anula la Declaración Universal de 1948 donde se recoge que el derecho a voto es uno de los derechos fundamentales de las personas.

Además de esgrimir todos estos factores basados en los derechos humanos y en la dignidad individual, colectiva y política de las personas, el derecho a voto de cualquier ciudadano nos beneficia a todos. Sólo así conoceremos todas las opiniones y evitaremos la exclusión social o política de determinados colectivos, que es la base de los comportamientos xenófobos y de una democracia defectuosa. Sesgar el derecho a decidir de una persona es simplemente entregarla en brazos de la exclusión social. (Juan Miguel Mena).